En estos días se anunció oficialmente la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo que subsidiaba el precio local de la harina para evitar el impacto directo de la suba internacional de precios en panaderías y familias. De esta manera, la resolución oficial ratificó la desregulación de precios en un contexto donde, luego de la mega devaluación de diciembre último, los productos de la canasta básica y de las materias primeras y elaboraciones del sector en particular, vienen en aumento. A esto se suman los incrementos de más de 300% en tarifas y una caída en las ventas en panaderías que ya alcanzó el 45%. Todo ello pone en jaque la subsistencia de unas 54 mil panaderías argentinas que generan trabajo directo para 450.000 familias e indirecto para otras 250 mil más.
“Necesitamos aumentar urgente, esa es la realidad”, señalaron desde el sector a El Destape, pero advirtieron que “si ponemos el pan al precio que debería ser no lo vendemos. Necesitamos llevarlo de 1.800 a 2.500 pesos, pero a este último precio cómo lo vendemos”. Esto tiene lugar en una coyuntura donde el salario promedio de la economía cayó 20% en solo dos meses (igual porcentaje que con la gestión macrista, pero en cuatro años) y con una inflación acumulada arriba del 70%, que hace que las familias empiecen a comprar en menor cantidad o directamente a descartar algunos consumos. Así, comprar facturas y ni hablar masas finas dejó ya de ser un privilegio de la “casta” familiar, que hoy compra -como puede- pan para el día. De hecho, algunas panaderías tuvieron una leve suba en ventas que los panaderos vinculan con que “el pan termina suplantando quizás la comida del mediodía o de la noche”.
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