Bastó que el gobernador Gerardo Morales se quejara por la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala y le «deseara» que se recupere para cumplir «su condena en una cárcel común», para que un juez de Jujuy le mandara a la dirigente social, primero a su casa y luego directo al sanatorio donde está internada, la notificación de un «cómputo provisorio» que dice que en una de las causas más absurdas en su contra, conocida como «la de las bombachas», deberá estar presa hasta el 21 de junio de 2024.
El mal trago para Sala fue balanceado con un pedido de informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le requirió al Estado argentino que informe sobre su situación y estado de salud actual, para lo cual le dio plazo hasta el 13 de julio. Este tribunal internacional le otorgó en 2017 a la dirigente de la Tupac Amaru una «medida provisional» para proteger su integridad física y psíquica «en base a la persecución judicial y política de la que es víctima», explicó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y eso determinó que no podía seguir detenida en un penal.
Más castigo
Cerca de las 16.30 una mujer del Servicio Penitenciario de Jujuy entró de manera intempestiva a la habitación donde está internada Milagro Sala en la clínica Los Lapachos junto con otras personas. Fue tan brutal su ingreso que hasta una de las policías que puso el gobierno de Morales a vigilar la frenó, le preguntó quién era y le indicó que por lo menos se pusiera un ambo para ingresar. Al rato la agente penitenciaria salió y encaró a Claudia, la hija de Milagro:
— ¿Sos la hija? Porque tu mamá no quiso firmar –le recriminó en mal tono.
Claudia estaba prevenida porque de casualidad la noche anterior se encontraba en la casa de su mamá dándole una mano Raúl, el compañero de Sala, que padece serios problemas de salud también, y llegó un policía a traer la misma notificación. Eran las 22.30. Ella se la quedó y vio lo que era: el aviso del juez de ejecución Emilio Cattan quien había resuelto de la noche a la mañana «computar provisoriamente» que a Milagro le corresponde cumplir dos años de prisión efectiva, una pena que su defensa ya considera saldada. El mismo magistrado, en febrero último, había hecho un cálculo diferente, que llegaba a febrero de 2023, pero la fiscalía –que responde al jefe de los fiscales Sergio Lello Sánchez, un leal absoluto a Morales– se opuso y justo ahora fijó el nuevo cálculo.
— ¿A vos te parece que le podés dar esto ahora? –le dijo Claudia a la penitenciaria. Enseguida se sumó un médico y le indicó también: «Esto no se puede hacer».
Cuando Claudia entró a la habitación encontró a su mamá llorando. No había llegado a ver el documento, pero podía imaginar cualquier cosa. Lo que sucede es que la agente la zamarreó para despertarla, le habló con vehemencia y levantó las sábanas para controlar la tobillera electrónica que lleva la dirigente. Para colmo, la notificación en cuestión no sólo ya había llegado a la casa de Sala sino que había sido enviada a su defensa el viernes pasado y la decisión había sido apelada.
Si no fuera porque hubo una acusación, un juicio y la persecución interminable, la causa de «las bombachas» parecería absurda. En octubre de 2014 la hija de una colaboradora de Milagro Sala hacía compras en una feria y descubrió que en un puesto estaba en venta la ropa interior que su mamá había traído de Italia y que desapareció con las etiquetas puestas cuando unos ladrones desvalijaron su casa. La vendedora quedó detenida, pero la chica también, aunque sólo a la primera la liberaron en forma expeditiva. La jefa de la comisaría denunció que Milagro Sala la había amenazado por teléfono cuando llamó para cuestionar la detención de la verdadera dueña de las prendas. La comisaria Silvina Cabero se puso como abogado a Gastón Morales, el hijo del gobernador.
El recorrido del expediente muestra un enredo impresionante, y es solo uno de la decena de casos contra líder de la Tupac. En diciembre de 2017 fue absuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Jujuy en el juicio de «de las bombachas», donde se la acusaba de «amenazas». La Cámara de Casación Penal revocó la sentencia y fijó una condena a tres años y dos meses de prisión efectiva. El Superior Tribunal de Justicia local confirmó la decisión pero redujo la pena a dos años. La Corte Suprema confirmó en febrero de 2021. El expediente volvió al tribunal de juicio para que calculara cómo y desde cuándo computar la pena. En plena feria judicial el año pasado sostuvo que había que contar desde el fallo supremo. Pero la defensa reclamó tomar el cuenta el tiempo que ya había pasado detenida. Casación dijo que el cálculo lo debía hacer el juez de Ejecución, y ahí empezó una nueva discusión, pero el expediente está ahora en ese tribunal superior, pese a lo cual el juez Cattan sacó la resolución de cálculo provisorio.
«Se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación (…) pretende computar una condena de dos años a partir de ahora. En cualquier lectura posible la pena está cumplida», dice un comunicado del equipo de defensa de Sala. «Tras levantar la presencia policial armada en la Unidad de Terapia, ante un pedido de esta defensa, ahora el gobierno y la Justicia de Jujuy buscan nuevas formas de alterar la salud física y mental de Sala», dice el texto, que anuncia que comunicará lo sucedido a los organismos nacionales e internacionales competentes, además de hacer una denuncia penal.
La Secretaría de Derechos Humanos, que comanda Horacio Pietragalla, repudió el nuevo episodio. «La dirigente social continúa siendo acosada por autoridades judiciales y políticas mientras se encuentra internada», advierte en un comunicado.
Advertencia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos monitorea las condiciones en que se encuentra Sala desde que evaluó, cinco años atrás, que su situación era «de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable». La intervención de ese tribunal fue precedida por la evaluación de la Comisión Interamericana (CIDH) que le pidió «medidas provisionales». La CIDH envió una delegación en julio de 2017 para visitar la cárcel en Alto Comedero donde estaba presa Sala y después de eso le otorgó medidas cautelares porque vio que las condiciones de detención revelaban hostigamiento y estigmatización, que su vida estaba en peligro, y se hallaba agravado su estado de salud mental. Sugirió el arresto domiciliario. A fin de ese año, el organismo determinó que el Estado argentino incumplía las medidas cautelares para garantizar el derecho a la integridad y la vida de Milagro. Aunque la habían mandado a su casa, el hostigamiento no cesaba. La Corte Interamericana, finalmente, respaldó a la comisión y otorgó las medidas provisionales.
Esto explica el envío, este jueves, de un pedido de informes al Estado argentino, que además de informar sobre la salud de la dirigente social deberá agregar los nuevos capítulos de la persecución, como lo sucedido con la notificación en la clínica. «Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala –planteó la Secretaría de Derechos Humanos–, en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino».
