Foto: Victoria Gesualdi.
La Cámara Federal porteña rechazó por «inadmisible» un recurso de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se revise en una instancia superior -Casación Penal- la decisión de procesar a los integrantes de la agrupación «Revolución Federal» por un delito menor, incitación a la violencia colectiva y no por asociación ilícita, como reclama esa parte.
El Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso ante Casación de los abogados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, contra la decisión del 16 de febrero último, en la cual se confirmó de manera parcial el procesamiento a cuatro acusados y se concluyó que no existió una asociación ilícita, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
La querella de la Vicepresidenta reclamó procesamientos por un delito más grave, asociación ilícita, algo que sí había resuelto el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, pero que fue revocado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens
Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa están procesados por «incitación a la violencia colectiva» / Foto: Archivo.
Al presentar el recurso de apelación para llegar a Casación, máximo tribunal penal federal del país, la querella argumentó que «la decisión adoptada le causa un agravio de imposible reparación ulterior en razón de que, al ser tan diversas las figuras penales analizadas, se veda la posibilidad de requerir la elevación a juicio y de acusar a los imputados por formar una asociación ilegal para imponer sus ideas de modo violento y antidemocrático».
«Asimismo, calificó la sentencia de arbitraria en cuanto al análisis del tipo penal y dijo que se realizó una errónea aplicación de la ley sustantiva en un caso de gravedad institucional», según se expuso en la resolución.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones también rechazaron un recurso de Casación de la imputada Sabrina Basile, contra el procesamiento que quedó confirmado por «incitación a la violencia colectiva».
La sala I de la Cámara Federal porteña declaró «inadmisibles» las apelaciones porque no lograron «demostrar la existencia de un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior que permita –por vía de excepción- conceder el remedio procesal invocado».
Incitación a la violencia
La causa que investiga a Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, como coautores de «incitación a la violencia colectiva», de acuerdo a la nueva calificación del delito que adoptó la Cámara en esa decisión.
Los cuatro imputados habían sido detenidos al inicio de la investigación pero luego quedaron excarcelados por orden de la Cámara Federal.
La justicia «no está dispuesta a investigar» el atentado
El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) advirtió este martes que una parte de la oposición y del Poder Judicial «ha llegado al límite de la democracia» y afirmó que la justicia «no está dispuesta a investigar quienes fueron los actores intelectuales y los que financiaron» el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre.
«El partido judicial y un grupo de Cambiemos ha llegado al limite de la democracia y la ha puesto en peligro. El objetivo es que Cristina este muerta, presa o proscrita. No hay otra opción», afirmó Parrilli en declaraciones a radio 10.
El senador sostuvo que parte del Poder Judicial se comporta como «un pelotón de fusilamiento» que fue armado «para perseguir políticamente a una dirigente como Cristina Kirchner que es la única que genera hoy alguna esperanza en el pueblo».
«Hay un sector de Cambiemos que no le importa la democracia y quiere poder a toda costa. Aun con violencia, proscripción, matando y delimitando al adversario. Esto es lo que los sectores comprometidos con la Argentina dentro de la oposición deben tener en cuenta y marcar la diferencia», apuntó.
«Hay un sector de Cambiemos que no le importa la democracia y quiere poder a toda costa. Aun con violencia, proscripción, matando y delimitando al adversario.Oscar Parrilli
Parrilli afirmó que el atentado contra Cristina fue «un plan orquestado». «Lo más grave es que la justicia no está dispuesta a investigar quienes fueron los actores intelectuales y los que lo financiaron», agregó.
