«Si no hay recursos para mi provincia, no habrá ley Bases ni Pacto de Mayo», adelantó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya totalmente desencantado con el gobierno de Javier Milei, con quien -admitió ayer- pensó que podía llegar a tener una buena relación. La última decisión del Ejecutivo conocida este fin de semana de cortar los fondos que enviaba a las 13 provincias por las cajas previsionales no transferidas volvió a poner de punta a los gobernadores dialoguistas, que creían estar avanzando en acuerdos con la administraciuón libertaria. El desencanto que transmitió Vidal era compartido por los demás gobernadores patagónicos, que vienen conversando con sus colegas del Norte Grande una declaración conjunta con diez puntos de interés para las provincias, que contrapondrán al decálogo de Mayo. Esperaban sumar al resto de los mandatarios que no hacen más que acumular malas noticias desde la Casa Rosada.
El sábado había sido el chubutense Ignacio Torres quien había salido contra la novedad del recorte -o congelamiento- de los fondos jubilatorios. «Vamos a ir a la Justicia para reclamar», adelantó. Como integrante del PRO, Nacho Torres debería integrar las filas de los gobernadores más cercanos a la Rosada, pero en los hechos aparece como de los más enojados por las continuas medidas inconsultas que perjudican a las provincias. En este caso, las explicaciones posteriores del ministro del Interior, Guillermo Francos, y de la Oficina del Presidente acerca de que los fondos se pagarían aunque luego de una auditoría no terminaron de disipar las dudas. Menos después de escuchar la entrevista de CNN en la que Milei definió como el peor error de lo que lleva de gestión fue haber confiado en los gobernadores, a quienes acusó de no querer jugar limpio.
Provincias importantes como Córdoba y Santa Fe también consideraron muy probable acudir a la Justicia para resolver la situación. Cerca del gobernador cordobés Martín Llaryora incluso consideraron el decreto de Milei como beneficioso porque vino a blanquear algo que sucedía de hecho. «Desde que asumieron dejaron de mandar los fondos por las cajas previsionales. Ahora quedó expresado en un decreto y podemos ir con esto a la Corte», evaluaban. El máximo tribunal ya acumula demandas de las provincias por más de 600 mil millones de pesos, algo que preocupa a Milei, que hasta ahora no recibió ninguna señal de respaldo al ajuste de parte de los supremos. Imaginaba que a esta altura ya tendría un aval al mega DNU, anulado en parte por tribunales inferiores.
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