La Cámara Baja debatirá hoy una ley para proteger los hielos continentales, la principal reserva de agua dulce del país. Como pelea de semifondo al debate sobre la ley de matrimonio gay, la Cámara de Diputados debatirá hoy otro proyecto polémico: la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. El tema vuelve a la agenda política luego de que la presidenta Cristina Fernández vetara en 2008 una norma que había sido aprobada casi por unanimidad en el Congreso tres semanas antes.
A diferencia del matrimonio gay en el que la votación en el Senado sería «a conciencia», el tema glaciares está más polarizado entre oficialistas y opositores. La oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta e impulsado ahora por el diputado Miguel Bonasso. Este texto cuenta con el despacho de mayoría por lo que será el primero en debatirse.
Por su parte, el kirchnerismo defenderá un proyecto presentado por el senador Daniel Filmus, con media sanción de la Cámara Alta, y que cuenta con un despacho por minoría.
La oposición y algunas organizaciones ambientalistas acusan al kirchnerismo de haber redactado una ley a la medida de las empresas mineras transnacionales y recuerdan la reunión que la Presidenta tuvo en Estados Unidos con Peter Munk, presidente de la Barrick Gold que explota las minas Veladero y Pascua-Lama en Argentina.
La diferencias claves entre ambos textos son la definición de periglaciares y desde cuándo se podrán realizar las auditorías ambientales sobre actuales emprendimientos para determinar si afectan a los glaciares.
Si bien las organizaciones ambientalistas apoyan el proyecto de Bonasso, señalan que ambas iniciativas no tienen la claridad y precisión necesarias por lo que dejan mucho librado a la interpretación que puedan dar la autoridad de aplicación que, según la Constitución nacional, son las provincias.
El proyecto Bonasso incluye en el área de protección el ambiente periglaciar como «el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico».
En tanto, dentro del ambiente periglaciar, el proyecto de Filmus, protege los glaciares de escombros, cuerpos de detrito congelado y hielo, «asociados con suelo permanentemente congelado».
La ONG Conciencia Solidaria entiende que la definición es engañosa y no protege zona que no están siempre congeladas, pero que son reguladores hídricos. En estas áreas están instaladas las mineras.
Para Greenpeace, el proyecto Bonasso no define el ambiente periglaciar con precisión. «Es una definición muy genérica por lo que permite la interpretación de la autoridad de aplicación», explicó Juan Villalonga.
Otro punto clave es cómo debe actuarse con los actuales emprendimientos que podrían afectar las áreas a proteger. El texto de Bonasso establece que deberán someterse a una auditoría ambiental en un plazo de 180 días desde la sanción de la ley y, de verificarse impacto «significativo» se ordenará el cese de la actividad.
En el proyecto Filmus, el plazo de 180 días comienza a correr desde que culmina el inventario de glaciares, para el cual no se fija un plazo. Además no determina el cese de la actividad, sino que las «autoridades ordenarán las medidas».
Desde el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) señalan que los dos textos no son precisos pues no definen qué es impacto «significativo», pero el proyecto de Bonasso «aporta mayor eficacia al cumplimiento de los objetivos».