Ayer se conoció que la Justicia suspendió por 60 días la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo.
La magistrada ordenó frenar preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 dentro del territorio bonaerense.
Betina Úngaro, Fiscal del Fuero Penal Juvenil, habló con BVC Noticias y se refirió a la implementación de la nueva ley, destacando que la ley Penal Juvenil, era una herramienta legal que estaban esperando, ya que era una deuda del poder Legislativo, ya que se venían manejando con un decreto-ley de 1980, anterior a la convención de los Derechos del Niño y habían tenido numerosos casos que habían sido considerados inconstitucionales.
La ley tenía un plazo de tres meses para entrar en vigencia para que se pudieran implementar todos los mecanismos para poder utilizar, “como ese plazo ya se cumplió, entró en vigencia a partir del sábado 5 de septiembre”.
Indicó que todas las provincias deben estar en las mismas condiciones, donde la falta de recursos es existente y eso tendrá un gran incremento de trabajo, ya que no es solo la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sino que se derogó el decreto-ley 22278 y eso implica que el régimen penal juvenil se aplica a todo tipo de delitos, “el incremento de causas a procesar es mayor y por ahora estamos con el mismo plantel de gente y recursos, por lo que mientras vayan surgiendo necesidades imaginamos que se va a ir modificando”.
Admitió que con los recursos que tenían estaban bastante limitados, con los lugares de alojamiento, aunque la provincia deberá ir readecuando a la aplicación de la ley.
“La ley es más amplia que la baja de edad, prevé más sanciones que no son privación de la libertad y que se pueden aplicar, también hay límites en la pena que antes no había”, aseguró la Fiscal.
Sobre la suspensión en la provincia señaló que todavía la sentencia no está firme y una sentencia judicial no puede derogar una ley firme.