La Organización No Gubernamental (ONG) La Alameda, de Argentina, denunció este domingo que en ese país suramericano existen al menos 500 mil personas sometidas a explotación laboral y sexual. El organismo afirmó que las víctimas en su mayoría son indocumentadas y adolescentes.
En una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires (capital), el titular de la ONG, Gustavo Vera, señaló que los sometidos pueden observarse con mayor frecuencia en talleres clandestinos o en campos agrícolas alejados de las urbes.
Del mismo modo, indicó que en todo el territorio nacional existen aproximadamente ocho mil prostíbulos en los que más de 60 mil esclavas sexuales son explotadas por sus “servicios” con denigrante remuneración.
Las cifras de La Alameda coincidieron con datos aportados por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) que en el término de explotación aseveró que anualmente desaparecen unos 500 adolescentes, los cuales son “contratados” como esclavos sexuales.
Ante esta realidad, entidades como la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata (RAAT), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación han aseverado que han tratado de disminuir la cantidad de víctimas.
Con esta meta, entre agosto de 2008 y el pasado mes de abril de ese año fueron rescatadas dos mil 130 víctimas, de las cuales mil 827 fueron mayores y 303 menores.
Pese a esto, para personas como la coordinadora nacional de la RATT Argentina, Viviana Caminos, la cifra puede ser debería ser más elevada.
«Habría que multiplicar por lo menos por cuatro a esos rescates para acercarnos a la realidad», explicó Caminos.
De ser así, el número de personas desaparecidas por la fuerza y que aún permanecen en manos de sus captores superaría las ocho mil 500; cifra que no ha sido confirmada pero que las autoridades nacionales están dispuestas a combatir.
La situación ha causado alarma en la población porque en su mayoría, tiende a dudarse de la acciones de las fuerzas de seguridad.
El pasado 5 de julio, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, firmó un decreto que prohíbe la publicación de avisos sobre ofertas sexuales en los medios, una ampliación de la Ley de Trata de Personas para fines de explotación sexual o laboral.
“Hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas, sino contra la discriminación también, porque la oferta sexual no solamente es un vehículo en la comisión del delito de tratas de personas sino una profunda discriminación hacia la mujer”, dijo la mandataria en esa oportunidad.
Además, a partir del pasado 13 de abril se incorporó al Código Penal el delito de desaparición forzada a manos de funcionarios públicos o de individuos que actúen con la asistencia o protección del Estado.
“Se condena a quien, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas”, reza la normativa.
El Gobierno argentino nunca ha negado la existencia de la trata de personas como uno de los mayores desafíos a combatir.
Con esta meta, sólo en los primeros meses del 2011 se confirmó el rescate de al menos 681 personas de la explotación sexual y laboral, y se anunció el inicio de investigaciones para capturar y sentenciar a responsables.