Santiago Garrido se refirió al avance de la causa judicial por la muerte de un coipo y explicó por qué la Fiscalía busca sostener una imputación que permita llevar el caso a un juicio oral y público.
Según detalló, la condición del coipo como animal de la fauna silvestre permite aplicar, además de otras disposiciones legales, la Ley de Fauna. De esta manera, se busca imputar dos delitos, uno de ellos vinculado con la caza prohibida, que contempla una pena de inhabilitación.
Garrido señaló que esta calificación legal permite oponerse formalmente a la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba, un beneficio que podría evitar la realización de un debate oral.
“Lo que nosotros queremos es que estos casos graves se expongan, que la sociedad pueda ver el debate y la prueba que hay”, sostuvo. En ese sentido, remarcó la importancia de que los hechos lleguen a una instancia pública y de que las consecuencias judiciales contribuyan a prevenir situaciones similares en el futuro.
La causa, elevada a juicio
El representante judicial indicó que la causa ya se encuentra elevada a juicio, aunque la defensa presentó una oposición a la calificación legal propuesta, que contempla un concurso real entre dos delitos.
La cuestión deberá ser resuelta por la Justicia de Garantías en los próximos días. A partir de esa decisión, se determinará finalmente bajo qué calificación legal podrán ser acusados los imputados por la muerte del animal.
Una ordenanza para la protección animal
Durante la entrevista, Garrido también destacó que la repercusión pública del caso tuvo consecuencias en el ámbito institucional y legislativo de Bahía Blanca.
Según explicó, el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo municipal trabajan en una ordenanza destinada a la protección de los animales, una iniciativa que, de acuerdo con sus declaraciones, se encuentra avanzada y podría aprobarse antes de fin de año.
“Es un efecto no buscado pero positivo de la repercusión y la alarma social que generan estos casos”, expresó.
De esta manera, Garrido puso el foco no solo en las consecuencias judiciales por la muerte del coipo, sino también en la posibilidad de que el caso contribuya a fortalecer las herramientas de protección animal y a generar conciencia social para evitar nuevos episodios de maltrato.