La comunidad universitaria convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria bajo las consignas de educación, soberanía y democracia. El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la recomposición salarial para docentes y nodocentes, el fortalecimiento de las becas estudiantiles y una mayor inversión en educación pública, ciencia y tecnología.
Bajo el lema “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, la quinta edición de la marcha busca visibilizar la situación presupuestaria de las universidades nacionales y advertir sobre las dificultades que atraviesan para sostener sus actividades académicas, de investigación y extensión.
En el documento de convocatoria, la comunidad universitaria cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó que se respeten las disposiciones legislativas y judiciales vinculadas con los salarios del personal universitario y las becas estudiantiles.
Además, planteó la necesidad de derogar el DNU 70/23 y convocó al Congreso de la Nación a asumir un rol activo en la defensa de las instituciones y el debate de las normas que afectan al país.
Preocupación por los salarios y las becas
Uno de los principales ejes del reclamo es el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades nacionales. Según el documento, la pérdida salarial acumulada afecta las condiciones de vida de docentes y nodocentes y pone en riesgo la continuidad de equipos académicos, técnicos y de investigación.
También reclamaron la recuperación de las instancias de negociación paritaria y plantearon la necesidad de revisar distintos componentes salariales y las condiciones laborales del sector.
En materia de bienestar estudiantil, advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo de las becas y señalaron que el monto de las Becas Progresar permanece en $35.000 desde 2024. Según expresaron, esa suma resulta insuficiente para afrontar gastos básicos como el transporte y los materiales de estudio.
El documento también menciona la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN). En ese sentido, sostienen que el financiamiento de las ayudas económicas es fundamental para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes.
El presupuesto universitario, otro de los puntos centrales
La convocatoria también pone el foco en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Según el documento, la propuesta no contempla los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario ni la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico.
Frente a ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboró una propuesta presupuestaria que, de acuerdo con el texto, busca garantizar el cumplimiento de la ley y recuperar condiciones de previsibilidad para el funcionamiento de las instituciones.
El planteo sostiene que el presupuesto destinado a las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto presentado por el Gobierno nacional. También reclama una mejora sustancial de los recursos destinados a la educación obligatoria.
Desde la comunidad universitaria advirtieron que las restricciones presupuestarias afectan no solo el dictado de clases, sino también los proyectos de investigación, las actividades de extensión, la actualización de equipamiento y la formación de nuevos profesionales.
Advertencia por la situación de la ciencia y la tecnología
Otro de los ejes de la marcha es la situación del sistema científico-tecnológico argentino. El documento señala una reducción en la cantidad de investigadores jóvenes, una caída en la adjudicación de becas, dificultades para financiar proyectos y problemas para acceder a publicaciones científicas internacionales.
Además, advierte sobre la salida de investigadores formados en el país y las consecuencias que esto puede tener para el desarrollo regional y la capacidad nacional de producir conocimiento.
En ese marco, la convocatoria reivindica el papel de las universidades públicas en la innovación, la producción científica y tecnológica y la soberanía del conocimiento.
La universidad pública como herramienta de inclusión
El documento sostiene que la gratuidad de la educación superior debe estar acompañada por políticas que permitan a los estudiantes sostener sus trayectorias académicas. También destaca el rol de la universidad pública en la movilidad social, la formación profesional y el desarrollo económico, cultural y productivo.
Entre sus principales planteos, la comunidad universitaria reclama que el Estado garantice el derecho a la educación, la salud, el trabajo digno, la cultura y la protección de los recursos naturales.
La convocatoria concluye con un llamado a defender la educación pública, el sistema científico-tecnológico y el financiamiento de las universidades nacionales, bajo tres consignas: “Por una patria democrática, por una patria soberana y por una patria educada”.