El juez del fuero penal juvenil Pedro Morán se refirió a la entrada en vigencia de la nueva normativa que modifica el régimen de responsabilidad penal juvenil y advirtió que, mientras se amplía el universo de jóvenes alcanzados por el sistema penal, en Bahía Blanca y el Departamento Judicial persisten limitaciones de infraestructura y personal.
Morán señaló que la normativa se encuentra vigente y explicó que, hasta el momento, el cambio todavía no tuvo un impacto concreto en la etapa de juicio, debido a los tiempos propios del proceso judicial.
“Entiendo que la baja de la imputabilidad aumenta el universo de jóvenes sometidos al proceso, así que más tarde o más temprano vamos a tener el impacto de mayores juicios”, sostuvo.
El magistrado también remarcó que la modificación no se limita a la edad de imputabilidad, sino que amplía la cantidad de delitos alcanzados por el régimen. Según explicó, bajo la legislación anterior, para determinados delitos con penas de hasta dos años tampoco correspondía la persecución penal en el caso de jóvenes de entre 16 y 18 años.
“Los recursos son los mismos que el 4 de septiembre”
Al analizar las condiciones con las que cuenta el sistema para afrontar la nueva situación, Morán cuestionó que la ampliación del universo de jóvenes alcanzados por la Justicia no haya sido acompañada por un incremento equivalente de los recursos.
“Los recursos con los que tenemos son los mismos que el día 4 de septiembre”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó que en Bahía Blanca existe actualmente un único centro de recepción, con capacidad para alojar a cuatro jóvenes. Según explicó, habitualmente esas plazas son ocupadas por chicos provenientes del Gran Buenos Aires, donde tampoco hay disponibilidad suficiente.
El juez también recordó que el Instituto Valentín Vergara, que funcionaba como centro de contención con un régimen de semilibertad, se incendió en 2015 y nunca fue restaurado.
“Era un centro que establecía un régimen de semilibertad: los chicos durante el día podían ir al colegio, aprender algún oficio, trabajar y a la noche volvían a dormir ahí”, explicó.
Actualmente, indicó, ese esquema no existe en la ciudad. El centro de recepción disponible tiene como finalidad alojar a los jóvenes durante un período breve, mientras se define su situación procesal.
Jóvenes detenidos que deben ser trasladados a otras ciudades
Morán señaló además que, ante una eventual prisión preventiva de un joven, Bahía Blanca no cuenta con un establecimiento adecuado para alojarlo de manera permanente.
“Si hubiera que dictar una prisión preventiva de un chico, no puede ser alojado acá. Está en peor situación que un adulto porque tiene que ir a Azul, a Mar del Plata, Tandil”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que ante un hecho grave que implique una medida de privación de la libertad, la ciudad no dispone actualmente de un centro cerrado o de semilibertad para jóvenes.
El magistrado consideró que, si bien existe infraestructura judicial que permitiría afrontar la situación, todavía hay cargos sin cubrir. Mencionó específicamente una fiscalía, una defensoría y el cargo de juez de Garantías del Joven, que quedó vacante tras la jubilación del juez Usabiaga.
Falta de operadores para el seguimiento de jóvenes
Otro de los puntos señalados por Morán fue la falta de personal destinado al seguimiento de jóvenes que cumplen medidas judiciales en libertad.
El juez explicó que el Centro de Referencia Territorial es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas de conducta impuestas a los jóvenes.
“Hay cuatro personas en todo el Departamento Judicial Bahía Blanca, que va desde Patagones hasta Coronel Suárez”, indicó.
Para Morán, la cantidad de operadores resulta insuficiente para cubrir la extensión territorial y las necesidades del sistema.
“Hace 15 años que trabajo en este fuero penal juvenil y todo lo que se perdió nunca se recuperó”, afirmó.
Prevención antes que castigo
El juez también planteó que el abordaje de la problemática del delito juvenil no debería centrarse exclusivamente en el castigo.
“El castigo estadísticamente no sirve para bajar la delictuosidad”, sostuvo, y consideró que la prevención requiere mayores condiciones de educación, salud, oportunidades laborales y contención familiar y estatal.
“Cuando llega el Poder Judicial, el delito ya se cometió”, señaló. En ese sentido, explicó que la Justicia puede intervenir posteriormente para brindar herramientas que permitan evitar la reincidencia, pero que esa intervención ocurre después de que otras instancias de prevención no lograron evitar la situación.
La distancia de las familias
Finalmente, Morán puso como ejemplo las dificultades que atraviesan los jóvenes que deben cumplir medidas de privación de la libertad fuera de Bahía Blanca.
“Los chicos que tienen que cumplir medidas, ya sea una pena privativa de libertad o medidas cautelares como la prisión preventiva, están en peor situación que los adultos”, sostuvo.
El juez explicó que mientras una persona adulta puede permanecer alojada en la Unidad Penal N° 4 de Bahía Blanca y mantener un contacto relativamente cercano con sus familiares, los jóvenes pueden ser derivados a establecimientos ubicados a cientos de kilómetros.
“Yo tengo un chico en un centro de contención en Dolores, semilibertad, que hace dos o tres meses que no ve a sus padres, porque no tiene plata para viajar y no hay plata para traerlo”, relató.
Para Morán, la situación expone una de las principales dificultades que deberá afrontar el sistema penal juvenil ante la ampliación de los casos alcanzados por la nueva normativa: el aumento de las obligaciones para la Justicia sin un crecimiento equivalente de la infraestructura, los cargos y los equipos destinados al acompañamiento de los jóvenes.