Con 134 votos a favor y 86 en contra, los legisladores dieron media sanción al proyecto que le resta poder al kirchnerismo en el órgano encargado de los procesos de selección y acusación de jueces.
En una maratónica y tensa sesión, la oposición logró darle media sanción al proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura, con 134 votos a favor y 86 en contra.
Una semana después de la aprobación del proyecto que limita los superpoderes presupuestarios, la Cámara de Diputados dio luz verde esta madrugada a la iniciativa que busca restarle peso al kirchnerismo en el órgano encargado de los procesos de selección y acusación de jueces.
El proyecto de la oposición ahora necesita el aval del Senado para ser sancionado.
La iniciativa propone aumentar de 13 a 18 los integrantes del Consejo, la restitución de la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema, darle al Consejo una conformación con menos representantes del poder popular y reducir de 5 a 3 los miembros que responden al oficialismo.
El debate. El presidente de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, destacó que «el Consejo de la Magistratura en sus distintas administraciones nunca hizo nada para que sea un cuerpo accesible a todos».
En tanto, el kirchnerista Alejandro Rossi fue en contra de la reforma propuesta al sostener que es «uno de los peores retrocesos que se ha visto» porque, según opinó, «va en contra de los compromisos que la Justicia debe tener con la ciudadanía».
Vilma Ibarra, diputada de Nuevo Encuentro, cercano al oficialismo, defendió su dictamen de minoría en la materia, y alertó que en la justicia hay «otros temas de la administración de justicia» que todavía no fueron abordados, y dijo que la propuesta mayoritaria está «cruzada por la tensión de la política por la representación popular y de la política que cruza los tribunales». Además, cuestionó la «integración de la Corte Suprema al Consejo», y consideró que «es una mala decisión» porque aleja al organismo de la independencia que debería tener.
La reforma. La reforma propone aumentar la cantidad de integrantes del Consejo de 13 a 18: el presidente de la Corte, que sería también el presidente del cuerpo; tres jueces; seis legisladores; cuatro abogados (dos más que en la actual composición); tres catedráticos (dos más que ahora), de los cuales uno provendría de las ciencias sociales, y un representante del Poder Ejecutivo.
De ese total, el oficialismo sólo retendría tres representantes (uno por el Poder Ejecutivo y dos por el Congreso), contra cuatro de la oposición, dado que los seis legisladores (tres senadores y tres diputados) provendrían de las tres primeras minorías de cada cámara. En la actualidad, la primera minoría retiene a dos representantes por cámara y la oposición, sólo uno.
Además, establece una modificación para acelerar el proceso de selección de jueces: se propone realizar concursos cada dos años que sirvan para ocupar las vacantes que se produzcan en ese período. Así, cuando se produzca una vacante ya estarán tomados los exámenes y listo el orden de mérito de los postulantes.
Otros puntos salientes de la iniciativa opositora son la instrumentación de auditorías periódicas a los juzgados, el sometimiento del Consejo al control de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la creación de un comité consultivo honorario integrado por organismos de derechos humanos, asociaciones sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil.
También la oposición se propone reducir de 3 a 1 año el plazo de prescripción de las investigaciones abiertas contra los magistrados y la publicación en Internet de todos los expedientes del Consejo.
Este último artículo fue introducido en el dictamen por un pedido expresó del interbloque de centroizquierda que preside «Pino» Solanas (Proyecto Sur). Estos cambios introducidos en la iniciativa también tuvieron el respaldo de la UCR, el peronismo opositor, la Coalición Cívica, Pro, el partido Socialista y el GEN, de Margarita Stolbizer.