El impuesto inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires representa entre el 0,4% y el 1,8% del Valor del Ingreso Bruto de una explotación agropecuaria. Es decir, lo que recibe el productor a partir del resultado de su cosecha de soja, maíz o trigo (por citar algunos ejemplos). Este tributo está lejos de poder considerarse “un impuestazo”, tal como pretendieron instalar desde las patronales agropecuarias de la provincia.
Los sectores rurales siempre mantuvieron un profundo rechazo relacionado al pago de los impuestos, en particular el Inmobiliario Rural. En esta línea, podría recordarse al ex dirigente Hugo Luis Biolcatti tratando de iniciar una suerte de “ocupación” en la gobernación provincial luego de haberse envalentonado tras el histórico conflicto por la resolución 125. En esta oportunidad, pretenden protestar en contra de la actualización del gravamen realizada por el mandatario Axel Kicillof. La protesta fue organizada desde Carbap.
Sin embargo, el Inmobiliario Rural y su actualización, en un contexto de una inflación desbocada por la desregulación implementada por Javier Milei, sumado al recorte arbitrario de recursos desde la administración central, lejos está de considerarse un impuesto. Incluso, por su propio diseño, conserva grados de progresividad que impacta de manera positiva en los pequeño productores locales.
“El impuesto inmobiliario rural representa entre el 0,4% y el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria. Es decir, de aquello que recibe el productor, el impuesto tiende a representar el 1%. A su vez, en los casos en los que el propietario no es productor y recibe un ingreso por alquilar el campo, el impuesto inmobiliario rural representa entre el 1,3% y el 5% del ingreso por alquiler”, explicaron desde el Ejecutivo bonaerense.
